Directriz 9: Proyectos de solicitudes de AJR

Directriz 10: Ejecución de la solicitud de AJR

Las autoridades requeridas procederán de manera pronta a la ejecución de la solicitud.

Luego que el proyecto de solicitud de AJR ha sido revisado y aceptado por la jurisdicción requerida, la jurisdicción requirente debe rápidamente proceder a la presentación de la solicitud de AJR. La jurisdicción requerida debe, a su vez, proceder con la ejecución de la solicitud de AJR lo más pronto posible, una vez recibida. Asimismo, la jurisdicción requerida debe mantener informada a la jurisdicción requirente del estado de su solicitud de AJR durante su ejecución.

Cuando se considere que ha finalizado los procedimientos internos y que esto puede afectar otros procesos en otra jurisdicción, incluyendo los casos en que se haya llegado a un acuerdo, se deberá consultar con la otra jurisdicción, cuando proceda, con el fin de minimizar los obstáculos en procedimientos en otros países o en cooperación internacional.

Conforme se refiere en la Directriz 8, tanto la jurisdicción requirente como la requerida pueden estar siguiendo procesos internamente sobre el mismo caso. El resultado de dichos procesos puede afectar a las jurisdicciones involucradas de diferente maneras. Por ello las jurisdicciones interesadas deben informarse continuamente unas a otras cuando los procesos estén cerca de su fin, y deben tener en cuenta el efecto que la conclusión su proceso puede tener en los que siguen las jurisdicciones interesadas para evitar impactos adversos.

Esto es especialmente importante en instancias en las que los procesos puedan terminar a través de vías alternas para la recuperación de activos, que podrían no requerir una condena penal –una solución a la que se ha recurrido cada vez más en los últimos años. Estas vías alternas pueden incluir, por ejemplo, acuerdos negociados, arreglos, negociación de la condena (plea-bargaining) o acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPAs, por sus siglas en inglés), y los procedimientos de decomiso sin que medie condena. El uso de estas vías alternas a menudo incluyen la negociación de arreglos confidenciales con los sospechosos, que establecen el decomiso de activos a cambio de un acuerdo de repartición de activos o de interrumpir los procedimientos penales, y la (no-)admisión de culpa. Sin embargo, la interrupción de estos procedimientos penales en una jurisdicción pueden hacer muy difíciles los esfuerzos de recuperación de activos seguidos por parte de otra jurisdicción interesada. Un arreglo negociado en una jurisdicción puede afectar la capacidad de la misma para brindar asistencia jurídica recíproca en la materia, o para brindar información o evidencias a otra jurisdicción.

Igualmente, cada vez más jurisdicciones están abandonando algunos procedimientos penales favoreciendo el seguimiento de procedimientos de decomiso sin que medie condena. El marco legislativo que respalda el decomiso sin que medie condena puede variar mucho de una jurisdicción a otra, y en consecuencia la decisión de una jurisdicción de terminar los procedimientos penales favoreciendo este decomiso sin condena puede tener repercusiones en la capacidad de otra jurisdicción para promover causas penales por asuntos relacionados. Asimismo, incluso si ambas jurisdicciones tienen leyes de decomiso sin condena, el estándar probatorio requerido por la ley puede variar de una jurisdicción a otra, y puede afectar la capacidad de estas jurisdicciones para ejecutar sus órdenes judiciales. Finalmente, incluso si una jurisdicción procede con el decomiso sin que medie condena, puede encontrarse con desafíos para su ejecución en otras jurisdicciones.

Paso 1 Adoptar medidas para la ejecución expeditiva

Las solicitudes pueden ser ejecutadas parcialmente para permitir la transmisión preliminar de información a la jurisdicción requirente, así como para perfeccionar la ejecución de la solicitud. En los casos en los que sea probable que existan partes afectadas que presenten recursos legales, se debe tomar todas las acciones posibles para agilizar su utilización en la jurisdicción requerida.

Aclaración del paso 1 (nueva pestaña)

Las solicitudes de AJR sólo deben presentarse a la jurisdicción requerida luego que la misma haya tenido la oportunidad de revisarla y, cuando sea aplicable, comentar sobre el proyecto (ver Directriz 6 y Directriz 9). Hacerlo ahorra tiempo en la aceptación de la solicitud y es probable que contribuya a una pronta ejecución de la misma una vez sea presentada formalmente en la jurisdicción requerida.

Antes de presentar una solicitud de AJR, la jurisdicción requirente debe establecer si la naturaleza de la ayuda solicitada puede ser obtenida a través de otros medios más expeditivos, como la cooperación de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, las oficinas de recuperación de activos y las Unidades de Inteligencia Financiera (ver Directriz 1 y Directriz 3).

Cuando la naturaleza de la asistencia buscada necesite de la presentación de una solicitud de AJR, la jurisdicción requirente debe comunicarse lo antes posible con la jurisdicción requerida informando sobre la preparación y presentación de tal solicitud (ver Directriz 9).

Cuando una solicitud de AJR no cumpla los requisitos necesarios para su ejecución, la jurisdicción requerida debe indicar rápidamente cuáles son los obstáculos que lo impiden (ej.: ausencia del requisito de doble incriminación) a la jurisdicción requirente (ver Directriz 6 y Directriz 9). La solicitud de aclaración de la solicitud de AJR no debe ser interpretada como falta de voluntad de cooperación con la jurisdicción requirente, y debe usarse como una oportunidad de mejorar y hacer avances en la cooperación y coordinación entre las jurisdicciones involucradas.

Cuando se puedan predecir retrasos en la ejecución de la solicitud de AJR (o cuando la ejecución de la misma no pueda llevarse a cabo), la jurisdicción requirente debe ser informada rápidamente, y esto deberá considerarse por ambas jurisdicciones para la priorización de casos.

Las solicitudes de AJR deben ser redactadas de la manera más precisa posible e indicar la prioridad de la ejecución las diferentes medidas de AJR solicitadas (ej.: primero recabar los estados de cuenta bancarios mensuales, antes de obtener los detalles de las transacciones SWIFT individuales).

Cuando la jurisdicción requerida ha obtenido materiales que responden parcialmente a la solicitud de AJR, deberá reenviar rápidamente dicho material a la jurisdicción requirente para permitirle hacer avances en el caso que viene siguiendo a nivel interno.

Cuando la ejecución de una solicitud de AJR sea especialmente urgente, la jurisdicción requerida debe ser alertada sobe las razones de dicha urgencia a través de los medios de comunicación existentes entre ambas jurisdicciones, y estas razones también serán mencionadas en la solicitud de AJR.

Las restricciones de tiempo (ej.: solicitudes donde se han planteado razones de urgencia, o cuando se necesita una acción inmediata respecto a una orden provisional) deben examinarse al priorizar la ejecución de las solicitudes de AJR. Otros aspectos que pueden ser considerados incluyen implicancias financieras y contextuales, y la base legal sobre la que se plantea la solicitud.

Paso 2 Estrategias de mitigación en caso de retrasos

Los retrasos en la ejecución de la solicitud deben ser comunicados rápidamente a la jurisdicción requirente. Es crucial mantener una comunicación continua para reflejar cualquier cambio de prioridades. En los casos en los que existan múltiples solicitudes relacionadas con el mismo grupo de casos, las jurisdicciones involucradas deben consultarse a profundidad para desarrollar un enfoque estratégico general (ej.: en el caso de cambios de régimen).

Aclaración del paso 2

Los retrasos en la ejecución de la solicitud de AJR en la jurisdicción requerida deben ser rápidamente informados a la jurisdicción requirente, y los elementos relativos a dicho retraso deben ser discutidos por ambas jurisdicciones para encontrar una forma de superarlos.

Las jurisdicciones requirentes y requeridas deben establecer criterios para priorizar los casos sobre la base de situaciones como por ej.: el sospechoso está arrestado, restricciones de tiempo existentes (ej.: el plazo de prescripción se ha vencido), riesgo de desaparición de activos, pluralidad de solicitudes de AJR.

Paso 3 Considerar temas a ser consultados

Las jurisdicciones involucradas informaran rápidamente a sus contrapartes sobre arreglos potenciales o finalizados de casos en trámite y sobre admisiones de culpabilidad que puedan tener un impacto en las investigaciones de otra jurisdicción.

Aclaración del paso 3

A lo largo del ciclo de vida de la investigación penal, así como durante el ciclo de las solicitudes de AJR, las jurisdicciones involucradas deben sostener reuniones periódicas de coordinación (ver Directriz 3) que permitirán una evaluación continua de la situación y un eventual re-planteo de la estrategia, cuando sea adecuad y considerando la evolución del caso.

Las jurisdicciones deben usar canales adecuados de comunicación (como se mencionó en la Directriz 6) para consultar con jurisdicciones extranjeras antes de decidir de manera definitiva la interrupción de procedimientos penales internos. Las jurisdicciones interesadas deben conocer las consecuencias de la decisión, y deben considerar que la misma no perjudique seriamente a otra jurisdicción en sus esfuerzos de recuperación de activos. Si se prueba que la decisión será un obstáculo en alguna de las jurisdicciones interesadas, las discusiones se enfocarán en el establecimiento de una estrategia conjunta adecuada para las jurisdicciones interesadas. De ser posible, los acuerdos negociados que se celebrarán con los investigados deberán recibir aportes o comentarios de todas las jurisdicciones que tengan un interés en el tema discutido.

Cuando la interrupción de los procedimientos penales se derive del hecho que existen numerosas investigaciones del mismo hecho por parte de diferentes jurisdicciones, la comunicación entre las jurisdicciones involucradas debe establecer cuál es (o cuales son) la(s) que está(n) en una mejor posición para obtener resultados en la investigación y enjuiciamiento del caso. Cuando se posible, esta decisión debe tomarse lo antes posible en la investigación penal.

Antes de terminar los procedimientos penales a través de acuerdos negociados, de decomiso sin que medie condena o de otras vías alternas para la recuperación de activos, las jurisdicciones interesadas deben consultar con aquellas que puedan ser afectadas para garantizar que estas decisiones no obstaculicen los esfuerzos de las últimas para la recuperación de activos.

Respecto del decomiso sin que medie condena, algunos países han incorporado de manera exitosa términos de cooperación en temas de decomiso sin condena a través de tratados y acuerdos bilaterales que permiten la cooperación y ejecución de órdenes extranjeras a pesar de las diferencias de sistema.

Referencias

  • Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC), Artículo 46; 54-56[1]
  • Schnebli, M. 2013. Lessons learned from the past: today’s response from requested countries. En: Fenner Zinkernagel, Gretta et al. (eds.). 2013. Emerging Trends in Asset Recovery. Peter Lang.
  • Vlassis, D. et al. 2013. Chapter V of UNCAC: Five years of experiences, obstacles and reforms on asset recovery. En: Fenner Zinkernagel, Gretta et al. (eds.). 2013. Emerging Trends in Asset Recovery. Peter Lang.
  • International Cooperation in Asset Recovery. En: Brun, J.-P. et al. 2011. Asset Recovery Handbook: a Guide for Practitioners. The World Bank. Disponible en: https://star.worldbank.org/publication/asset-recovery-handbook
  • Oduor, J. A. et al. (2013). Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery. The World Bank. Disponible en: https://star.worldbank.org/publication/left-out-bargain-settlements-foreign-bribery-cases-and-implications-asset-recovery

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