Directriz 3: InvestigaciónDirectriz 1: Revisión preliminar

Directriz 2: Prevención de la desaparición y recuperación de activos

Las jurisdicciones implicadas deberán considerar rápidamente varias opciones para prevenir la desaparición inoportuna de activos, como por ejemplo, el embargo de bienes a través de medidas gubernamentales o postergar las transacciones por períodos de tiempo determinado.

Los esfuerzos realizados para la recuperación de activos carecerán de valor si, al final, no quedan activos disponibles para ser decomisados y restituidos. Considerando que los activos pueden esconderse o sacarse rápidamente de una jurisdicción y que los procesos de investigación y decomiso pueden ser largos, es muy importante que se tomen medidas al inicio mismo de la investigación para asegurar los activos que puedan ser luego objeto de una resolución de decomiso.

Se deberán identificar y emplear las medidas provisionales disponibles para prevenir la desaparición de activos (ej.: congelamientos por parte del gobierno, regímenes de consentimiento, otras órdenes restrictivas o el aplazamiento de transacciones por periodos de tiempo predeterminados), cuando sea posible. Las jurisdicciones involucradas deben considerar iniciar acciones sobre los efectos o productos de los delitos de corrupción ubicados en su jurisdicción, cuando las solicitudes de AJR aún no se hayan presentado, para preservar los activos. Las jurisdicciones involucradas informarán a otras jurisdicciones relevantes de las medidas provisionales que se hayan tomado, los límites de dichas medidas provisionales (ej.: límites de tiempo, disposiciones relativas a la notificación) y los pasos adicionales que deben tomarse para mantener vigentes dichas medidas.

En algunos casos, podrá decidirse no implementar medidas provisionales como parte de la estrategia investigativa para monitorear el activo, para desarrollar nuevas vías de investigación (ver Directriz 3), o cuando el ejercicio de medidas provisionales pueda alertar al sujeto y permitirle mover los activos a otras jurisdicciones. En dichos casos, las jurisdicciones involucradas deben buscar coordinar sus acciones y/o considerar si es posible utilizar medios alternativos para restringir o retrasar transacciones (ver Directriz 4, Directriz 5, y Directriz 7).

Paso 1 Identificar y asegurar los activos

Realice acciones para identificar y asegurar los activos lo antes posible a través de la coordinación nacional y el uso de socios o redes internacionales y regionales (ver Directriz 6). Evalúe las relaciones que se mantienen con instituciones financieras para mejorar la confianza entre estas y las agencias encargadas del cumplimiento de la ley para los fines de identificación de activos y el potencial retraso de transacciones, entre otros.

Aclaración del paso 1

Los mecanismos disponibles que permiten el congelamiento temporal de activos deben usarse de la forma más amplia y ágil posible, antes de presentar una solicitud formal de AJR, que podría ser necesaria para mantener la medida de congelamiento.

Dependiendo de su sistema legal (civil o anglosajón), las jurisdicciones tendrán diferentes enfoques respecto de los mecanismos para ejecutar los congelamientos temporales. Sin embargo, determinar la existencia de los activos es una prioridad común. Algunas jurisdicciones no tienen regímenes de consentimiento como práctica administrativa para garantizar que se establezcan los congelamientos por un tiempo determinado o posiblemente indefinido, cuando se presente un informe de transacción sospechosa. En otras jurisdicciones, los fiscales deben presentar solicitudes específicas de órdenes judiciales, aunque estas pueden hacerse con carácter de urgencia. Con independencia del sistema jurídico aplicable, deben llevarse a cabo todos los esfuerzos para identificar y congelar activos en la mayor medida posible.

De no existir medidas provisionales disponibles o de no ser convenientes en ese momento específico, se deberán considerar medidas alternativas para restringir o retrasar las transacciones. Por ejemplo, en muchas jurisdicciones la legislación contra el lavado de activos puede proporcionar vías para asegurar activos. Las UIFs podrán tener la autoridad administrativa para restringir o denegar el consentimiento para disponer de fondos si se ha presentado un informe de transacción sospechosa (STR), dándoles tiempo a las autoridades –de esta manera- para que puedan obtener una orden judicial formal. Las instituciones financieras podrán ejercitar restricciones voluntarias e independientes para evitar verse implicadas en delitos de lavado de activos. Existen otras opciones, que incluyen: solicitar a la institución financiera que retrase la transacción sospechosa e informe a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley cuando reciba instrucciones de pago relacionadas con la transacción prevista. Esto permite tener más tiempo para recabar información que determine si se puede construir un caso. Las agencias encargadas del cumplimiento de la ley deben generar confianza con las instituciones financieras relevantes para facilitar la cooperación.

Las jurisdicciones involucradas deben usar los contactos disponibles, redes de profesionales y organizaciones internacionales para lograr un acercamiento temprano, obtener asesoría y facilitar las comunicaciones. Las bases de datos de las autoridades centrales y las redes de los centros de coordinación son útiles para esto, y pueden establecer canales directos de comunicación y consulta informal entre profesionales (ver Directriz 6).

Deben identificarse los intereses en la gestión de activos, y se debe desarrollar un plan de gestión de los mismos, de preferencia antes de ejecutar las medidas provisionales.

Paso 2 Discutir opciones de congelamiento temporal

Comuníquese con las jurisdicciones involucradas para determinar las opciones disponibles para el congelamiento temporal de activos, sobre la base de consideraciones de oportunidad, resultados esperados, posibilidades de enjuiciamiento, entre otros. Cuando el congelamiento temporal no esté disponible, discuta los mecanismos más eficientes disponibles para congelar activos, ej.: decomiso sin que medie condena, y procedimientos paralelos (ver Directriz 6).

Aclaración del paso 2

Una vez que se identifiquen los activos que pueden ser objeto de una incautación, las jurisdicciones involucradas deben discutir la oportunidad para aplicar las medidas provisionales, tomando en cuenta, por ejemplo la posibilidad de alertar al objetivo. La falta de coordinación y acciones tempranas en alguna de las jurisdicciones podría permitir que el objetivo mueva los activos, reduciendo la eficacia de la medida en general. Las jurisdicciones involucradas deben asimismo evaluar la oportunidad de las comunicaciones, por ejemplo: si ponen en riesgo congelamientos potenciales (ver Directriz 4 and Directriz 7).

Los diferentes marcos temporales de las jurisdicciones involucradas pueden determinar si los fiscales buscan abrir un caso y si existe un nivel suficiente de sospecha para imponer medidas coercitivas, especialmente si los delitos precedentes se cometieron en el extranjero. Debe discutirse el uso de vías internas o el enfoque en solicitudes internacionales. Las jurisdicciones que usan el decomiso sin que medie condena pueden mantener medidas provisionales, incluyendo el congelamiento, por periodos largos de tiempo.

Paso 3 Secuencia de la comunicación

Las jurisdicciones involucradas deben mantener una comunicación regular entre sí, una vez que se hayan dictado las medidas provisionales. Dicha comunicación debe incluir el entendimiento mutuo de los plazos aplicables a dichas medidas, los recursos legales que puedan presentarse contra las mismas, y las vías para continuar con el caso.

Aclaración del paso 3

Las medidas provisionales deben comunicarse rápidamente a las jurisdicciones involucradas.

Las jurisdicciones involucradas deben detallar sus requisitos y los diferentes pasos que esperan de sus contrapartes(ver Directriz 5 y Directriz 6). Los requisitos de confidencialidad deben explicarse cuidadosamente, especialmente con miras a los requisitos de brindar información en otras jurisdicciones antes de transmitir las evidencias solicitadas (ver Directriz 6).

Paso 4 Doble incriminación

El resumen de los hechos brindados debe permitir a la jurisdicción requerida calzar la conducta denunciada en un tipo penal previsto por su sistema legal.

Aclaración del paso 4

La naturaleza penal de la conducta en la jurisdicción requirente debe verificarse en la jurisdicción requerida, para evitar que el objeto de la solicitud de AJR se encuentre fuera del ámbito de asistencia en dicha jurisdicción. Se debe establecer contacto previo con la autoridad central de la jurisdicción requerida y se deben compartir proyectos de solicitudes de AJR con la misma, cuando sea aplicable, para obtener asistencia de manera informal teniendo en mente los requisitos de confidencialidad y revelación de información.

Paso 5 Evitar fugas de información

Evite fugas o revelación prematura de información que pueda obstaculizar acciones futuras

Aclaración del paso 5

Las jurisdicciones involucradas deben comunicar de manera rápida y proactiva sus propios requisitos internos de confidencialidad y revelación de información para garantizar que la misma no tenga impactos negativos en las estrategias investigativas.

Directriz 3: InvestigaciónDirectriz 1: Revisión preliminar